La normativa vigente que regula el sector de las finanzas permite que las empresas implicadas tengan que funcionar bajo una estricta legislación y que los inversores dispongan, en consecuencia, de derechos y protecciones determinadas cuando ponen su dinero y patrimonio a funcionar en los mercados mediante los distintos instrumentos financieros.
Sin embargo, y a pesar de que unas leyes robustas protegen de actividades ilícitas a todos los actores del sector y de los mercados financieros, los constantes cambios regulatorios también consumen gran parte del tiempo y los recursos de quienes tienen que adaptarse a ellos, como las gestoras de fondos de inversión.
Los fondos de inversión, objeto de cambios regulatorios constantes
Los fondos de inversión que operan en España y en países del entorno se ciñen a la normativa y a las exigencias nacionales y de la Unión Europea. Así lo demuestran los reglamentos que han entrado en vigor en los últimos años, en los que los organismos comunitarios han puesto especial atención en la transparencia y la protección al inversor.
Hace unos años, por ejemplo, asistimos a la entrada en vigor del sonado Reglamento SFDR, que busca aumentar la transparencia sobre cómo los fondos integran los riesgos de sostenibilidad en sus procesos inversores.
Previo a este conocido reglamento ‘verde’, el sector también ha asistido a la implementación del Reglamento PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), con el fin de que los fondos proporcionen el Documento de Datos Fundamentales (DFI) para simplificar la información a los inversores minoristas y poder así hacer comparativas más sencillas y eficaces.
En este listado de legislación notoria, también encontramos el ejemplo de la famosa MiFID II junto al reglamento MiFIR, que aumentaba las exigencias de divulgación de comisiones, así como de incentivos y políticas de transparencia en la distribución de los fondos.
Novedades legislativas en 2025 para los fondos de inversión
Aunque la normativa actual ya contempla gran variedad de derechos y protecciones a los inversores, se espera que el año 2025 también traiga bajo el brazo una serie de cambios y retos legislativos que impactan a los fondos de inversión.
Estas modificaciones e implementaciones están, en esencia, basadaos en la transparencia de los fondos al incluir criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), en la digitalización, así como en la continuación de la protección a los inversores minoristas y otros consumidores de productos de inversión.
- Regulación CSDR. En materia de sostenibilidad, la regulación CSDR es uno de los puntos que deben de tener en cuenta los grandes actores de la industria de la gestión de activos y los fondos de inversión. Esta ‘Directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad’ es una nueva normativa a nivel europeo que sustituye a la Directiva 2014/95/UE. La norma, que se espera que esté plenamente vigente en 2025, exige la presentación de información estandarizada de sostenibilidad de las empresas de la Unión Europea. Esta nueva legislación impactará en el ámbito de los fondos de inversión desde el punto de vista de la selección, ya que importantes actores en el sector financiero, como las gestoras de fondos de inversión, por ejemplo, tendrán a su disposición información más detallada y estandarizada sobre la situación ‘verde’ de las empresas en las que inviertan.
- Revisión del reglamento SFDR. Otro de los puntos clave que puede afectar al funcionamiento de los fondos de inversión este 2025 es la posible modificación del reglamento SFDR. Aunque todavía no hay nada en firme, en el mes de julio la ESA (autoridades europeas de supervisión) publicó un informe dirigido a la Comisión Europea en el que recomendaban posibles modificaciones del marco normativo de las finanzas sostenibles, entre las que se encuentra el reglamento SFDR. Las autoridades europeas de supervisión insisten en que la norma, que fue creada para aumentar la transparencia en materia de sostenibilidad, se ha convertido en un mero sistema de calificación para etiquetar de manera simplista los fondos en materia de sostenibilidad. Por ello, consideran que para eliminar el “uso indebido” del reglamento SFDR se necesita introducir un sistema de categorización y/o un indicador de sostenibilidad para los productos financieros, así como definir con criterios más concretos qué es la inversión sostenible y ampliar el alcance de productos en el ámbito de la inversión verde. Se espera que en 2025 se apruebe una implementación más estricta del Reglamento SFDR y de la Taxonomía de la UE, con criterios clave para saber qué inversiones son sostenibles y cuáles no.
- Nueva directiva MiCa. En materia de digitalización, los fondos de inversión deben atender a la segunda parte de la Directiva MiCa. Aunque la primera parte de esta regulación de los mercados de criptoactivos ya comenzó a aplicarse en el mes de julio, la segunda ‘edición’ se espera para finales de 2024 o principios de 2025. Se trata de una norma que establece medidas uniformes para los emisores de criptoactivos, que hasta ahora no han sido regulados por otros actos sobre servicios financieros de la Unión Europea, y para los proveedores de servicios relacionados con dichos criptoactivos, como proveedores de servicios de criptoactivos.
- Ley de Inteligencia Artificial de la UE. Esta norma, pese a que no es exclusiva del sector financiero, puede tener implicaciones en el mundo de la gestión de activos y los fondos de inversión. La Ley de la IA busca regular el uso de estas herramientas y afecta a todas las entidades que las utilicen en el ejercicio de sus funciones. Por ello, en un mundo en el que cada vez más gestoras recurren a herramientas de IA para componer sus carteras o distribuir sus inversiones, la industria de los fondos de inversión debe estar muy atenta a los cambios que traiga consigo esta ley del viejo continente.
- Reglamento DORA. También en materia de ciberseguridad y digitalización, la ‘Digital Operational Resilience Act’ tiene mucho que decir el próximo año. Con su entrada en vigor en enero de 2025, esta regulación nacida en la Unión Europea tiene por objetivo mejorar la resiliencia operativa y la ciberseguridad en el sector financiero, específicamente en relación con los riesgos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). DORA implica a todas las entidades financieras y a los servicios de tecnología de esas entidades, con un gran número de exigencias y requerimientos, así como de disposición de resiliencia operativa.
- Listing Act. En lo que respecta a la regulación de los mercados de capitales, Listing Act, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, busca mejorar la burocracia asociada a los emisores de las operaciones de mercado de capitales. Uno de los puntos clave que incluye es la modificación de la Directiva MiFID II con el objetivo de incrementar la cantidad y la calidad de la información sobre pymes de la Unión Europea a disposición de los inversores, y, al mismo tiempo, flexibilizar el régimen de admisión a negociación en centros de negociación de la UE. Además, edita el Reglamento MiFIR para introducir modificaciones técnicas que se adapten a sus novedades.
- Retail Investment Strategy (RIS). El sector de la gestión de activos y los fondos de inversión también mira con interés lo que sucede con el texto de la ‘Estrategia de inversión minorista’. Lo hace tras la propuesta que se presentó en mayo de 2023 en la Comisión Europea y después de meses de debates para que el Consejo y el Parlamento se pongan de acuerdo en su aplicación. Esta norma, con el objetivo de capacitar a los inversores minoristas para tomar decisiones de inversión en consonancia con sus necesidades y preferencias, promete marcar cómo será la evolución de los productos financieros y supondrá un gran cambio, tanto para el modelo de distribución de las entidades como para las propias gestoras. Aunque se espera que entre en vigor en 2027, todo apunta a que se podría aprobar ya en el primer trimestre de 2025.
- Revisión de las normas UCITS y AIFMD. El sector espera que en 2025 se lleve a cabo la reforma de las normas de UCITS y AIFMD con el objetivo de reforzar la gestión de la liquidez, la supervisión de los fondos de inversión alternativos y la delegación de funciones. Sin embargo, se trata de una revisión que, según destaca y celebra la Asociación Europea de Fondos y Gestoras, mantiene intactos los elementos clave de ambas directivas. “Estos marcos constituyen el núcleo de un mercado de fondos resistente y que funcione correctamente, y este acuerdo es un paso adelante que acogemos con satisfacción para el sector de los fondos, los inversores y el proyecto de Unión de los Mercados de Capitales”, comenta la Asociación.
Invertir con toda la seguridad
Desde Pictet AM conocemos y aplicamos las normas que legislan los fondos de inversión. Gracias a los profesionales que gestionan nuestros fondos de inversión y la trayectoria que nos avala, los inversores pueden confiar en nuestro criterio e información para estar al día de todo lo relativo a las novedades que rodean a los fondos de inversión. No obstante, siempre recomendamos un buen asesoramiento financiero antes de empezar a invertir.
