En julio de este año, la lucha contra el cambio climático entró en una nueva fase. En esa ocasión, el tribunal supremo de las Naciones Unidas emitió una opinión de gran trascendencia, en la que declaraba que los gobiernos tenían el deber legal de proteger el medio ambiente.
Según ClientEarth -un grupo de abogados sin ánimo de lucro que ha alcanzado un excepcional reconocimiento por exigir responsabilidades a gobiernos y empresas en cuestiones relacionadas con el cambio climático, la destrucción de la naturaleza y la contaminación-, la decisión podría tener importantes consecuencias no solo para la política oficial, sino también para las empresas y los inversores.
«El tribunal concluyó que la protección del medio ambiente es una condición previa para el disfrute de los derechos humanos, un aspecto crucial… El tribunal quiso claro que no se trata solo del clima, sino también de la naturaleza», afirma Adam Weiss, director de programas e impacto de ClientEarth.
«Al exigir responsabilidades a los gobiernos, se generan más incentivos para exigir a las empresas que cumplan la normativa y crear nuevas reglas más estrictas».
En su sentencia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que «los estados tienen el deber de evitar daños significativos al medioambiente, actuando con la debida diligencia y utilizando todos los medios a su disposición para evitar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o control causen daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente».https://www.ICJ-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf
Los tratados en materia de cambio climático, como el Acuerdo de París, establecen obligaciones vinculantes para los países signatarios en cuestiones como la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de medidas de adaptación al cambio climático y el apoyo a la biodiversidad.
Procesos judiciales
La sentencia permite entablar más acciones legales para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Hasta la fecha, se han presentado más de 3000 asuntos en materia climática en 60 países. ClientEarth ha participado en muchos de estos litigios. Solo este año, las acciones legales que emprendió el grupo lograron que la aerolínea holandesa KLM fuese declarada responsable de hacer afirmaciones engañosas en materia climática en su publicidad, que la estrategia climática del gobierno del Reino Unido se considerara inadecuada y que Portugal abandonara sus planes de construir un nuevo aeropuerto.
Según Weiss, la mayoría de los procedimientos judiciales se han dirigido contra organismos gubernamentales, pero eso podría cambiar.
«Básicamente, la Corte Internacional de Justicia ha abierto la posibilidad de interponer litigios entre distintos países por los daños causados por el cambio climático», explica.
Por lo tanto, un país pobre que sufra los efectos del cambio climático podría, en teoría, demandar a un país rico que haya contribuido al deterioro medioambiental. Un tribunal internacional podría entonces acordar que el país rico detenga las acciones perjudiciales y, en casos excepcionales, podría incluso conceder una indemnización.
«Creo que la opinión de la CIJ refuerza la posición de cualquiera que intente interponer un asunto en materia de atribución, porque la opinión establece que, en teoría, es posible», dice Weiss.
Sin embargo, debido a la complejidad de tales asuntos y a la dificultad de judicializarlos, es más probable que se produzca un aumento de las acciones legales contra empresas, que en 2024 fueron objeto de solo un 20 % de todos los litigios relacionados con el clima.Tendencias globales en los litigios relacionados con el cambio climático: 2025 Esto, a su vez, tendrá consecuencias para los mercados financieros.
Es probable que veamos a más «personas responsables en materia de conducta corporativa rindiendo cuentas sobre si sus acciones se corresponden con sus afirmaciones y, lo que es más importante, si sus acciones contribuyen a introducir las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de París», afirma Weiss.
«Veremos que ciertos modelos de negocio simplemente ya no son viables… Si yo trabajara para una empresa financiera, mis inversiones en una empresa de combustibles fósiles podrían empezar a parecerme más inseguras porque existe la posibilidad de que la empresa se considere responsable y tenga que pagar indemnizaciones. Y si yo fuese titular de bonos en un país que está infringiendo las leyes climáticas de una forma flagrante, es posible que también lo tendría en cuenta».
Liderado por China y Europa
Por supuesto, para que sea efectiva, la sentencia de la CIJ debe cumplirse, algo que no siempre sucede con las leyes internacionales, que no cuentan con los mismos mecanismos de aplicación que la legislación nacional.
Debido a que, en la actualidad, los gobiernos están retrocediendo en materia climática -especialmente en EE. UU.- existen razones para pensar que se ignorará la decisión. Pero Weiss muestra cierto optimismo.
Un motivo de optimismo es que «la UE y China están cada vez más comprometidas con el derecho internacional». Para China, esto representa una oportunidad para asegurarse el liderazgo mundial en cuestiones del medioambiente.
Otro motivo de esperanza es que la sentencia fue unánime, algo poco común en la historia de la CIJ, lo que sugiere un amplio apoyo internacional.
Además, la CIJ no está sola. Su fallo coincide con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del año pasado, en el conocido asunto Klima, en el que el gobierno suizo infringió los derechos de sus ciudadanos al no hacer lo suficiente para combatir el cambio climático. Por su parte, este año, el TEDH determinó que Italia infringió los derechos de los habitantes de una zona cercana a Nápoles al no abordar la contaminación por residuos tóxicos.
«Esto se puede interpretar como que existe un derecho humano a un entorno limpio y saludable y que los estados tienen la obligación de cumplirlo», afirma Weiss. «Esta es la reflexión más progresista sobre la relación entre los derechos humanos y el clima. Por ello, se espera que, en el futuro, se dicten importantes resoluciones.
En definitiva, podría decirse que está surgiendo un impulso hacia una regulación más estricta de los temas climáticos, un control más riguroso y un aumento del gasto público.
«Los estados deben adoptar medidas de mitigación y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la regulación de las actividades que desarrollan los operadores privados. Y estas medidas se desarrollarán con el mayor esfuerzo posible», afirma Weiss. «Podría decir que la opinión de la CIJ tiene la máxima relevancia para los negocios y las inversiones».
